Yo no le perdono al APRA lo que le hicieron al Perú entre 1985-1990. Le debemos agradecer al APRA lo siguiente:
1.- Haber tenido un notable efecto Olivera-Tanzi (la reducción de la capacidad adquisitiva del ingreso vía impuestos por 2 motivos: * una hiperinflación galopante y *un gobierno central negligente [por no adelantar los saldos tributarios en tiempos de hiperinflación]). Muchos dirán que varios países han sufrido el efecto Olivera-Tanzi. Tienen razón, pero no a los niveles apocalípticos del Perú.
2.-Haber tenido la inflación acumulada más alta de la historia de la humanidad (más de 2 000 000 %). Una inflación saludable oscila entre el 2% y 4%. Ya puede uno preocuparse cuando la inflación supera el 10% y una hiperinflación es aquella que pasa el 100%. ¿Cómo hemos podido sobrevivir con más de 2 000 000% de inflación?.
3.-Haber tenido un RIN (Reservas Internacionales Netas) de -100 millones de dólares. Si el RIN NO SE TOCA y sirve como una garantía de solvencia ante los acreedores internacionales y tomando en cuenta que el BRCP ES UN ENTE INDEPENDIENTE Y NO DEBE PRESTAR BAJO NINGÚN CONCEPTO DINERO AL ESTADO Y SÓLO ES PRESTAMISTA EN ÚLTIMA INSTANCIA DE LOS BANCOS LOCALES ¿cómo es que llegamos a tener un signo negativo en el RIN?
4.-El intento de estatizar la banca. De esto ni comento por mi salud biliar.
Esas son algunas cosas que le debemos al APRA. Sólo he tomado en cuenta el aspecto económico. Falta el aspecto legal y el tema de la corrupción. En 1990 yo tenía 12 años pero me acuerdo perfectamente en la ruina que nos dejó el gobierno aprista. Odio profundamente a Humala por obligarnos a votar nuevamente por Alan García.
¿Habrá madurado García a sus cincuenta y tantos años? . . . lo dudo pero espero que sí.
jueves, 1 de febrero de 2007
¿Reglas o Discreción?
Menudo problema enfrentan los bancos centrales cuando tienen que decidir entre las reglas o la discreción, existe un punto a favor del uso de reglas en lugar de la discreción. El principal argumento a favor de esta conclusión es que el control óptimo, cuando existen expectativas racionales carecen de sentido.
Cuando el BCR diseña una regla de política óptima en un período inicial para un período futuro debe determinar dicha política a través de la maximización de alguna función objetivo, sujeta a restricciones. De esta manera, una consideración a tomar en cuenta para que la autoridad pueda determinar en el período actual su política óptima para el período futuro, es cómo la expectativa de que se lleve a cabo dicha política en el período futuro afecta las decisiones del público en el intervalo de tiempo entre actual y futuro. El comportamiento del público en este intervalo dependerá de si éste considera o no creíble el anuncio de la autoridad realizado en el período actual de llevar a cabo la política señalada en el período futuro. En el caso de que el público esté convencido que en el período futuro la autoridad realizará lo anunciado en el período actual, una vez llegado el período futuro, puede ocurrir que el plan que formuló la autoridad en el período actual, ya no sea óptimo, toda vez que se conozca el comportamiento del público entre el período actual y futuro.
Dada esta situación, la maximización de la función objetivo de la autoridad, sujeta a nuevas restricciones, determinará una política óptima diferente a la determinada en el período (t), así la política general resulta inconsistente en el tiempo.
Esta situación llevada a la actividad reguladora se traduce en problemas de compromiso para el regulador, ya que los servicios de infraestructura requieren altas inversiones y una vez realizadas se convierten en activos hundidos que luego difícilmente pueden ser vendidos o removidos; esta situación le da al gobierno incentivos para comportarse de forma oportunista, en cuanto a precios se refiere, convirtiéndose esto en un riesgo para el inversionista. Una baja credibilidad se traduciría en altos costos de capital y elevadas tarifas.
En este sentido una alta discrecionalidad es más importante en sectores con rápidos cambios tecnológicos y donde la introducción de la competencia requiere adaptarse a las condiciones de mercado, como en el caso de las telecomunicaciones.
Cuando el BCR diseña una regla de política óptima en un período inicial para un período futuro debe determinar dicha política a través de la maximización de alguna función objetivo, sujeta a restricciones. De esta manera, una consideración a tomar en cuenta para que la autoridad pueda determinar en el período actual su política óptima para el período futuro, es cómo la expectativa de que se lleve a cabo dicha política en el período futuro afecta las decisiones del público en el intervalo de tiempo entre actual y futuro. El comportamiento del público en este intervalo dependerá de si éste considera o no creíble el anuncio de la autoridad realizado en el período actual de llevar a cabo la política señalada en el período futuro. En el caso de que el público esté convencido que en el período futuro la autoridad realizará lo anunciado en el período actual, una vez llegado el período futuro, puede ocurrir que el plan que formuló la autoridad en el período actual, ya no sea óptimo, toda vez que se conozca el comportamiento del público entre el período actual y futuro.
Dada esta situación, la maximización de la función objetivo de la autoridad, sujeta a nuevas restricciones, determinará una política óptima diferente a la determinada en el período (t), así la política general resulta inconsistente en el tiempo.
Esta situación llevada a la actividad reguladora se traduce en problemas de compromiso para el regulador, ya que los servicios de infraestructura requieren altas inversiones y una vez realizadas se convierten en activos hundidos que luego difícilmente pueden ser vendidos o removidos; esta situación le da al gobierno incentivos para comportarse de forma oportunista, en cuanto a precios se refiere, convirtiéndose esto en un riesgo para el inversionista. Una baja credibilidad se traduciría en altos costos de capital y elevadas tarifas.
En este sentido una alta discrecionalidad es más importante en sectores con rápidos cambios tecnológicos y donde la introducción de la competencia requiere adaptarse a las condiciones de mercado, como en el caso de las telecomunicaciones.
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